Redacción/noticiasrd.net
En la política dominicana, pocas cosas resultan tan letales como el rumor. No hace falta una investigación formal, ni una auditoría concluyente, ni una sentencia. Basta una sospecha repetida, un murmullo amplificado y una narrativa conveniente para que una carrera pública quede marcada. Ese parece ser el caso de Rafael Feliz, joven político y hasta hace poco director del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Su cancelación, sustentada en un supuesto enriquecimiento que no ha sido probado, plantea una pregunta incómoda pero necesaria:
¿desde cuándo el rumor reemplazó al debido proceso?
Rafael Feliz no fue destituido tras una investigación concluyente, ni luego de que se demostrara responsabilidad administrativa o penal. Fue separado del cargo en medio de una nube de comentarios, insinuaciones y percepciones públicas. En otras palabras, fue juzgado sin defensa, condenado sin pruebas y castigado sin sentencia.
Este caso no trata solo de una persona. Trata de un sistema político que, en nombre de la “imagen” o la “prudencia”, sacrifica individuos para proteger narrativas. Un sistema donde la presunción de inocencia se vuelve un estorbo y la juventud política es tratada como descartable.
Resulta paradójico que en un país que clama por instituciones fuertes, transparencia y meritocracia, se actúe con una ligereza que debilita precisamente esos valores. Si existían dudas razonables, el camino correcto era claro: investigar, auditar, contrastar. No ejecutar primero y explicar después.
La destitución de Rafael Feliz envía un mensaje peligroso:
no importa si eres honesto, basta con que parezca lo contrario.
Y ese mensaje no solo desincentiva a jóvenes profesionales a servir al Estado, sino que refuerza una cultura de miedo, silencio y conformismo. Una cultura donde la reputación se convierte en moneda política y el rumor en herramienta de poder.
Hoy es Rafael Feliz. Mañana puede ser cualquier otro servidor público que incomode, que destaque o que simplemente no encaje en los equilibrios internos del sistema.
Un Estado serio no actúa por presión mediática ni por comentarios de pasillo. Actúa con hechos, pruebas y procedimientos. Todo lo demás no es gobernabilidad: es arbitrariedad.
Defender el debido proceso no es defender personas; es defender la institucionalidad. Y cuando esa institucionalidad falla, las víctimas no siempre hacen ruido… pero el daño es profundo y duradero