Villa Hermosa, La Romana. – Las Asociaciones de Parceleros de Villa Hermosa, Cumayasa, Batey El Gato y La Romana (ASOPARVICUBAGARO) y María Trinidad Sánchez, informaron hoy que han depositado una denuncia formal ante el Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD), señor Darío Castillo Lugo, en relación a presuntas irregularidades graves en los procesos de asignación y titulación de terrenos correspondientes a diversos asentamientos de la Reforma Agraria ubicados en la provincia La Romana, y piden una exhaustiva investigación sobre las actuaciones del encargado de IAD en esa zona, señor Rafael Eusebio Guerrero Pérez (Quique), quien estaría realizando actos de corrupción y asentamientos irregulares.
Las organizaciónes campesinas sostienen que el encargado de Titulación de Terrenos del IAD en La Romana e Higüey, señor Rafael Eusebio Guerrero Pérez (Quique), habría incurrido en actuaciones presuntamente contrarias al marco normativo que rige la administración de los bienes públicos agrarios, generando un escenario de inseguridad jurídica y desorden administrativo en los siguientes asentamientos:
AC-476 El Gato La Noria
AC-488 El Gato 2do
AC-776 La Noria
AC-182 El Pintao
AC-174 Vaigira
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AC-152 Isleño Colón
AC-16 Cumayasa
De acuerdo con la denuncia, se estarían verificando presuntas asignaciones irregulares, alteraciones en expedientes administrativos, desplazamiento de beneficiarios legítimos de la Reforma Agraria, duplicidad de procesos de titulación y tramitaciones realizadas al margen de los procedimientos establecidos por la Ley de Reforma Agraria, las normativas internas del IAD y los principios constitucionales que rigen la función pública.
Mario Díaz quien fungió como vocero de las asociaciones de parceleros de La Romana ASOPARVICUBAGARO y María Trinidad Sánchez, advierte que, conforme a informaciones recabadas en la zona, existirían vínculos y actuaciones coordinadas entre el referido funcionario, ex funcionarios del IAD, dirigentes políticos y particulares, lo que podría configurar eventuales violaciones a la Ley núm. 41-08 de Función Pública, a la Ley núm. 340-17 sobre Compras y Contrataciones (en caso de derivarse actos administrativos conexos), así como posibles infracciones penales tipificadas en la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y en el Código Penal Dominicano en materia de prevaricación, abuso de poder y asociación de malhechores, si los hechos denunciados resultaren comprobados.
En virtud de la gravedad institucional de las imputaciones, las asociaciones han decidido hacer extensiva formalmente esta denuncia al Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en su calidad de jefe de la administración pública y garante del correcto manejo del patrimonio del Estado, así como al Ministro de Agricultura, por ser el órgano rector de las políticas agropecuarias nacionales y superior funcional del Instituto Agrario Dominicano.
La entidad solicita:
La apertura inmediata de una investigación administrativa independiente.
La designación de una comisión técnica-jurídica que audite los expedientes de titulación y adjudicación correspondientes a los asentamientos señalados.
La suspensión provisional de los funcionarios denunciados mientras se realizan las investigaciones, a fin de evitar posibles interferencias en el proceso.
La remisión de los hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en caso de identificarse indicios de responsabilidad penal.
Los principales directivos de ASOPARVICUBAGARO y la asociación María Trinidad Sánchez, recordaron que los terrenos de la Reforma Agraria constituyen bienes del dominio público destinados a garantizar el acceso a la tierra a productores agrícolas de escasos recursos, y que cualquier distorsión en su administración vulnera no solo derechos adquiridos de los parceleros, sino también el interés colectivo y el principio de legalidad consagrado en el artículo 138 de la Constitución de la República.
“La seguridad jurídica de los beneficiarios de la Reforma Agraria no puede quedar sujeta a discrecionalidades administrativas ni a eventuales influencias políticas y el Estado Dominicano tiene el deber ineludible de garantizar transparencia, legalidad y equidad en la gestión de los bienes públicos agrarios”, expresaron las directivas de las entidades.
Las asociaciones reiteraron que, de no producirse una respuesta institucional oportuna, procederán a ejercer las acciones legales correspondientes por ante los órganos competentes del Ministerio Público.