Santo Domingo. – En un movimiento estratégico para blindar el uso de los fondos del Estado, el presidente Luis Abinader dio luz verde este miércoles al Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Mediante el Decreto 52-26, el Poder Ejecutivo establece las nuevas «reglas del juego» que buscan desterrar la improvisación y fortalecer la transparencia en todas las instituciones gubernamentales.
Un sistema blindado contra la corrupción
Durante un acto celebrado en el Palacio Nacional, el mandatario fue enfático al señalar que este nuevo marco normativo es de cumplimiento obligatorio para cada entidad sujeta a la ley. La reforma no solo moderniza los procesos, sino que coloca el foco en la planificación y la competencia sana entre proveedores.
Abinader aclaró que el objetivo no es «amarrarle las manos» a la gestión pública, sino todo lo contrario:
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”.
Claves de la nueva normativa
El reglamento introduce controles más rigurosos y promueve una cultura de prevención que alinea a la República Dominicana con los más altos estándares internacionales de gobernanza. Entre los pilares destacados por el Gobierno se encuentran:
- Planificación estratégica: Las compras ya no serán reactivas, sino que responderán a un cronograma verificado.
- Competencia real: Se abren mayores espacios para que los proveedores compitan en igualdad de condiciones.
- Rastreo total: Cada decisión tomada dejará una huella digital y administrativa que podrá ser auditada en cualquier momento.
- Rendición de cuentas: Las instituciones deben ser más fuertes que los cargos que las dirigen.
Implementación gradual y responsable
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la puesta en marcha de esta ley no será abrupta, sino que seguirá un cronograma ordenado para garantizar que los equipos técnicos se adapten correctamente.
Pimentel resaltó que la presencia de la Procuraduría General de la República y la Unidad Antifraude en este proceso es un mensaje claro: la nueva ley estará acompañada de vigilancia constante para asegurar que cada centavo invertido responda únicamente al interés general y no a conveniencias particulares.