Santo Domingo. – En un acto que reafirma el lema de «cuentas claras», el presidente Luis Abinader juramentó este lunes a una prestigiosa comisión de veeduría ciudadana. ¿Su misión? Supervisar con «lupa» la ejecución de más de RD$2,000 millones que serán destinados a infraestructuras deportivas en todo el país. Lo más relevante es que estos fondos provienen íntegramente de recursos recuperados de actos de corrupción.
Un equipo de «pesos pesados» para la transparencia
Para asegurar que cada peso llegue a su destino, el mandatario seleccionó a personalidades de intachable trayectoria y solvencia moral. La comisión está integrada por figuras como el doctor Milton Ray Guevara, el doctor José Joaquín Puello, y el arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez. También se suman los comunicadores Luisín Mejía y Persio Maldonado, quienes aportarán su visión ética al proceso de vigilancia.
Abinader subrayó que la participación de estos ciudadanos es una garantía de que las obras se realizarán bajo los más estrictos niveles de rendición de cuentas. «Su acompañamiento asegura que el dinero del pueblo vuelva al pueblo de la mejor manera», enfatizó el jefe de Estado.
El «juego» empieza hoy: Licitaciones abiertas
El Gobierno no perdió tiempo y anunció que este mismo lunes se publicaron las licitaciones para las obras. El plan es ambicioso y busca cerrar brechas históricas en el deporte dominicano. Entre los proyectos más destacados figuran:
- San Pedro de Macorís: Remozamiento total de su Centro Olímpico.
- San Juan de la Maguana: Reconstrucción del polideportivo municipal.
- La Vega: Rehabilitación integral del Centro Olímpico, que incluye piscina, pista de atletismo y una nueva arena.
- Nivel Nacional: Construcción de 23 techados multiuso en municipios que actualmente carecen de estas instalaciones.
Un impacto más allá del deporte
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que estas obras no son solo para atletas. Los nuevos polideportivos y techados funcionarán como centros de integración para la cultura y la comunidad, alejando a la niñez y juventud de las calles. Al utilizar dinero recuperado de la corrupción, el Gobierno envía un mensaje contundente sobre la administración ética de los recursos nacionales.